Euskal Herria: cuestión de músculo

 

Julen Arzuaga, Giza Eskubideen Behatokia

 

Antes del verano se dio definitivamente por terminado el proceso de negociación sobre el futuro del conflicto vasco. La metodología de debate político presentaba un diseño de dos mesas, la primera entre la organización ETA y el Gobierno español para enfrentar la cuestión armada y la otra mesa entre los partidos Batasuna, PNV y PSE para desbloquear la parte política del conflicto vasco, cuyos nudos gordianos son el reconocimiento del territorio vasco al sur de los Pirineos y como ejercer el derecho a decidir su futuro.

Es difícil saber con cuanto interés real ha enfrentado el Gobierno español la resolución de este conflicto histórico y qué estaba dispuesto a dar en una negociación. De sus declaraciones, se puede concluir que poca, negando los avances tanto en términos políticos –Zapatero: “la paz no tendrá precio político”-  y en términos de desactivación de la violencia estatal –hay que recordar el video que editó el PSOE en el que se ponía sobre la mesa los pasos que había dado el PP en el anterior proceso, en 1998 confrontados ahora con la inmovilidad del PSOE, de la que este se ha jactado continuamente-. Probablemente no se han percatado de que hay dos ritmos políticos diferentes, uno el de la sociedad vasca y otro el de la española. Las declaraciones que sirven mirando hacia Madrid, hacia los votantes extremeños o andaluces no se comprenden desde la sociedad vasca –y viceversa-. Tal vez se tuvieron que percatar antes de que es más factible convencer a la opinión pública española de que los vascos tienen derechos históricos y de que es positivo reconocérselos, que  convencernos a los vascos de que no los tenemos. Un político irlandés nos hablaba de la importancia de la pedagogía en un proceso de resolución, explicando bien a la “comunidad” propia -en su discurso- las decisiones que se adopten, compartiendo con tu gente, con tu militancia y tus simpatizantes los motivos de los movimientos y cambios que se producen en un proceso de estas características. Creo que además de la falta de voluntad, se le debe de añadir al fracaso del PSOE para conducir este proceso la incapacidad de explicar bien porqué es más positivo la resolución que el volver a parámetros de guerra. En cualquier caso, el PSOE –con la colaboración del PNV- se levantó de la mesa de negociaciones.

Así, si bien parece evidente que el motivo del desacuerdo y ruptura de las negociaciones son cuestiones de orden política, desacuerdo en los contenidos, las formas han tenido una gran importancia: durante el proceso una de las partes no se ha desactivado ni por un minuto y han mantenido una constante presión contra la otra. Tal y como el movimiento vasco antirrepresivo y pro-amnistía verificó y denunció desde un primer momento, no era factible llevar a cabo un proceso de resolución cuando una de las partes no había reducido ni un milímetro su accionar violento, en este caso la represión: manteniendo en la ilegalización los partidos con los que negociaban; imposibilitando que un gran vector social pueda presentarse en las elecciones o pueda ejercer el derecho de voto; sometiendo a suspensión de actividades a los movimientos políticos y sociales vascos y manteniendo los juicios contra a sus activistas públicos; manteniendo una continua presencia de personal militar –ejercito y Guardia Civil- en las calles y carreteras vascas en lo que constituye el territorio más militarizado de Europa occidental; ejerciendo una creciente presión contra el colectivo de presos políticos con antiguas medidas –dispersión en las cárceles de todo el territorio del estado español, cumplimiento integro de las penas hasta los 40 años, imposibilidad de excarcelación para presos enfermos… - y con el diseño de otras nuevas –la conocida como doctrina Parot que niega el ejercicio del derecho a la libertad tras haber cumplido la condena o la fabricación de nuevas acusaciones como en el caso Iñaki de Juana-... En definitiva, el estado nunca estuvo en tregua y tal y como denunció este movimiento antirrepresivo, hoy en el ojo del huracán, el Estado español no quiso asumir las condiciones mínimas, unas raíces democráticas básicas, para enfrentar un proceso de superación de todas las violencias y de resolución política.

Así, tras el verano se ha multiplicado una dinámica que ya se preveía, se ha desbocado una brutal actividad represiva. Quienes antes eran reconocidos como negociadores ahora son puestos entre rejas.

El gobierno español se vuelve a sus antiguos castillos, para exhibir sus obsoletas armas: las políticas –la Constitución española, camisa de fuerza de la legalidad española- y las represivas –Garzón desde la Audiencia Nacional, la detención incomunicada, el sistema penitenciario español…-.

La primera actuación, inmediata tras el fracaso del proceso negociador fue la detención y encarcelamiento del portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi y cabeza visible de las negociaciones por la parte independentista. El delito que había cometido consistía en haber elogiado la aportación del desaparecido histórico miembro de ETA Miguel Angel Beñaran “Argala”, en un homenaje en su pueblo natal. Argala se había destacado en la batalla antifranquista por la famosa acción contra el sucesor de Franco, el Almirante Carrero Blanco, pero subrayar su aportación, si en otro país sería considerado honrar a un miembro de la resistencia anti-dictatorial, en el Estado español y en esas circunstancias concretas es un delito de apología.

Con la detención de Juan Mari Olano tras una manifestación brutalmente atacada por la brigada móvil de la Policía Autonómica Vasca el 9 de septiembre y que causó docenas de heridos en una jornada festiva se dio el pistoletazo de salida definitivo a esta nueva dinámica. La acusación no se basaba en los incidentes, ni en la supuesta ilegalidad de la manifestación: el delito señalado por Garzón consiste en “reiteración delictiva” por la continuación de sus actividades como portavoz del organismos pro Amnistía Askatasuna. Hay que recordar que Olano estuvo junto con otros 13 miembros públicos de esta asociación en prisión preventiva durante cuatro años sin que, a día de hoy, se haya celebrado juicio. Hay que recordar que su actividad, aunque sin duda molesta para el gobierno, se reduce a la denuncia de la represión y de la impunidad con que el gobierno la desarrolla. Hay que recordar –si, interesante recordar- que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, ocupado de la investigación de estos casos olvidó prolongar la suspensión de actividades de este organismo desde febrero de 2007, por lo que hoy en día se puede considerar que está levantada esa prohibición por negligencia del juez responsable. Hay que recordar, por último, que el juicio por organización terrorista, en el que se circunscribe este organismo junto con otra docena de ellos, no está señalado y, por el contrario, se suceden las operaciones policiales contra él y la redacción de sumarios siempre secretos.

Como decíamos, tras la detención de Juan Mari Olano se abrió por fin la veda para cazar al militante independentista. Unas semanas después se detuvo a Ohiana Agirre de la misma organización antirrepresiva Askatasuna y a Joseba Alvarez, especialmente conocido en Italia por las innumerables visitas y conferencias en las que ha podido participar, en su condición de responsable de internacionales de Batasuna.

Precisamente, a raíz de esta detención se desencadena la operación contra los miembros de la Mesa Nacional de Batasuna, única y exclusivamente por su actividad política. En medios de comunicación internacional se habla de “operación de venganza”. El día 4 de Octubre se detenía a 23 personas en una reunión que se estaba celebrando en una pequeña localidad de Gipuzkoa, de la que 17 fueron ingresados en prisión. Las acusaciones son de pertenencia a organización armada, en alguno de los casos, similar que al de Juan Mari Olano, por “reiteración de actividades terroristas.

La situación del derecho a la libertad de expresión y de opinión en este país está por los suelos, enlodazada en un discurso obsceno de “lucha antiterrorista”. Tras el proceso abierto con la detención de la anterior Mesa Nacional en el año 1997 y con inusitada beligerancia tras la línea abierta por el juez responsable de esta operación a partir del año 1998 se abre la veda para la clausura de medios de comunicación, cierre de persianas de partidos, suspensión de actividades políticas, sociales, culturales. Y con independencia de los principios procesales que se transgredan, de la legalidad o ilegalidad con que se ejecutan estas operaciones policiales, fueraparte de presuntos  “fundamentos de derecho”, lo que queda es una política de persecución y de acoso a las ideas. Y aunque se sigue utilizando la policía y el sistema jurídico para la venganza y como válvula de escape frente a coyunturas políticas, sí que quiero subrayar que esta actuación represiva no queda al margen de los ojos de observadores internacionales y de mecanismos e instrumentos de derechos humanos.

Diferentes observadores internacionales se han acercado a Euskal Herria para evaluar de primera mano la situación actual, tras el fracaso del proceso de negociación. Tal vez deberían de saber que el Relator Especial para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas, tras cotejar la ingente información que se acumula en su despacho sobre esta dinámica vulneradora desarrollada en el Estado español decidió tomar cartas en el asunto y solicitó en el año 2005 permiso a las autoridades españolas para realizar una visita y conocer “in situ” la realidad. El gobierno, en una decisión sin precedentes en el ámbito diplomático a que me refiero contesta a la máxima institución para velar por la Libertad de expresión del sistema de Naciones Unidas que no, que niega su entrada en territorio español. Los efectos de esta decisión, denunciados por el propio Relator en un informe remitido a la Comisión de Derechos humanos, son gravísimos. El Estado español desautoriza a las propias Naciones Unidas y muestra al mundo lo que pretende esconder: que es responsable de una situación asfixiante de restricción de libertades públicas. Al Relator, Sr. Ambeyi Ligabo, prohibiendo su entrada para evaluar la situación de libertad de expresión en el Estado español también se le impuso una mordaza, como a parte de la sociedad de Euskal Herria.

Habría que mencionar, sin embargo, que la situación represiva no puede hacernos desviar fuerzas, aunque es necesario responder, probablemente con más indignación y vigor que nunca por la gravedad del momento político en que la mayoría social vasca exige un cambio en la forma de hacer política. Hay que dosificar bien las energías y no caer en una mera actividad de resistencia, de continua respuesta antirrepresiva, olvidando el objetivo de su lucha. Hoy está en juego la articulación de este país, el evitar que se cierre en falso el debate con pseudo soluciones –acuerdos de competencias, pactos de gobierno… entre el PNV y el PSOE- que lo único que hagan es diferir el remedio definitivo. Aunque estas medidas pueden tener sus matices electorales, ante la proximidad de las elecciones estatales y la seguridad que tiene el PSOE de que golpear al movimiento independentista vasco le otorga beneficios ante la opinión pública española, se trata de una operación de mayor alcance: El Gobierno del PSOE está haciendo una remodelación del marco estatutario sin que afecte sustancialmente a la estructura del Estado; ya lo ha conseguido en otras comunidades y lo tenía que intentar también en Euskal Herria. Este es el tope que ponen cuando se refieren a la Constitución y la legalidad española, borrando de un plumazo las reclamaciones de la sociedad vasca sobre el ejercicio del derecho de autodeterminación.

Pero parece ser que el hacha de guerra nunca se enterró del todo en tierra vasca. La detención de ciudadanos y ciudadanas vascas que se reunían entre informes y bolígrafos con la voluntad de redirigir la deriva en la que se encuentra la situación política actual ha mostrado la línea que diseña el gobierno para el futuro. No creo que Zapatero haga un cálculo de los efectos, insospechados, que esta operación puede tener en la sociedad vasca y española. Porque improvisa. Demuestra no tener un proyecto para Euskal Herria, no sabe cual es su proyecto para erradicar la tortura, no sabe como enfrentar la profunda crisis institucional que enfrenta el estado español. Y cuando no se sabe que hacer, es más sencillo declarar la guerra y golpear a quienes sí hacen público su proyecto y marcan un camino, divergente, pero expresado con claridad.

Diferentes expresiones de violencia, diferentes actores, diferentes responsabilidades. Es cierto que ETA ha vuelto a la actividad. Sin embargo, ¿es la misma responsabilidad la de una organización clandestina y la de un gobierno que se dice portavoz de un estado de derecho, con todos los compromisos asumidos ante la comunidad internacional en materia de derechos humanos presuntamente intactos? ¿se puede comparar una actividad reconocidamente ilegal con la acción de excepción de un estado, con toda su capacidad policial, judicial, bélica? Aparece con total nitidez un estado de excepción no declarado dotado de total impunidad ante una vulneración evidente y obscena de derechos civiles y políticos.

Es esta la situación que debemos enfrentar ahora. El estado español vuelve a instalar en el territorio vasco un laboratorio represivo que pretende golpear, o en su defecto asimilar los proyectos de todo un movimiento social y político comprometido con un cambio político en claves progresistas, reclamando una verdadera democracia. No nos olvidemos, por último, en estos momentos en los que nos imponen el músculo, de esa herramienta de lucha que es la solidaridad internacional, esa capacidad para adoptar entre nosotros compromisos “ad solidum”, en sólido. Los aparatos de poder globalizan la represión. Globalicemos nosotros la protesta. Globalicemos nosotras la esperanza. Ese es nuestro músculo más poderoso.

 

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