SENZA CENSURA n.10
Italy, february 2003
 

PRESOS POLITICOS VASCOS: "QUE SE PUDRAN EN LAS CARCELES"
Un intervencion de "Askatasuna", organismo de solidaridad con los presos politicos vascos

Hace unos cuantos días se conocía de boca del anterior presidente del Gobierno autónomo vasco, Jose María Ardanza que cuando llegó al poder el Partido Popular de José María Aznar, en 1996, el PNV accedió a dar al nuevo gobierno un plazo de "cuatro años, como mucho seis" para comprobar si el Gobierno español lograba "acabar con ETA" exclusivamente por la vía represivo-policial, obviando cualquier salida en términos políticos. "Cabía esperar que nosotros fuéramos menos beligerantes con la estrategia del PP y si en seis años no tenía éxito, volvíamos a los esquemas anteriores de la doble política de firmeza policial y judicial y disposición a abrir cualquier proceso de diálogo".

En definitiva, el PNV, partido en el poder en un tercio del País vasco, aceptaba la estrategia exclusivamente represiva del partido neofranquista y daba cobertura a las medidas que este plantearía, no ya sólo contra ETA sino todas aquellas orientadas a la desaparición de toda la disidencia vasca.

En este sentido, estos años hemos sido testigos de recrudecimiento de la utilización de la brutalidad policial y el empleo de la tortura en aplicación de las excepcionales capacidades que la legislación antiterrorista concede a la policía ante presuntos sospechosos de "terrorismo". Los testimonios de malos tratos y torturas de personas genérica y gratuitamente acusadas de pertenecer a "organización terrorista" han producido escalofrios en la sociedad vasca e internacional. Las organizaciones políticas y sociales vascas, así como varios medios de comunicación hemos sufrido en nuestras carnes la criminalización y hemos visto nuestras actividades suspendidas y después "ilegalizadas de facto" por la actividad parcial valedora del interés político gubernamental de la Audiencia Nacional, autentico tribunal especial antiterrorista. En definitiva, los derechos civiles y políticos de los vascos y las vascas han sido pisoteados en base a una política represiva llevada a cabo por el gobierno español y auspiciada por el silencio cómplice de la derecha vasca.

Hace pocos días conocimos un nuevo giro de la tuerca represiva en el laboratorio de medidas antiterroristas que es Euskal Herria. Esta vez contra el colectivo más indefenso, cual es el conformado por los 650 ciudadanos y ciudadanas vascas que están en prisión, auténticos rehenes políticos del Estado español -máxima cota nunca alcanzada en los últimos años-. La medida en sí consiste en el endurecimiento "in stremis" del tratamiento penitenciario aplicable. Así pues, conoce la luz un anteproyecto de tratamiento de presos políticos en el que se proponen dos medidas concretas: primero la denegación al acceso a la libertad condicional y segundo aumentando el límite máximo de cumplimiento de pena de los 30 a los 40 años. Justificando todas estas medidas en la retórica antiterrorista el gobierno pretende acotar y así, vulnerar y violar, los derechos del colectivo conformado por los presos y presas vascas encarcelados por delitos de profundo contenido político -en la medida que el tratamiento y la propia solución del problema también es político-.
Así pues, el Gobierno español promovió una reforma legislativa por la que pretende recortar el acceso a la libertad provisional para los presos políticos, planteando dos medidas: por la que se retirarían las competencias generales de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria, responsables de la revisión de las condenas y del acceso a la libertad provisional y se crearía un Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria dependiente de la Audiencia Nacional, Tribunal excepcional competente para delitos políticos. Según anunciaron los ministros de Interior, Angel Acebes, y de Justicia, José María Michavila la medida busca "unificar criterios para el control del cumplimiento de las penas impuestas" en torno a organizaciones armadas. Es decir, para que las penas sean impuestas tal y como el gobierno, por medio de este tribunal totalmente politizado, considere oportuno, siempre en claves subjetivas de renuncia y claudicación del preso. Pero además, el Gobierno español plantea cerrar todas las puertas a la libertad condicional mediante un anteproyecto de ley por el que las personas condenadas por "terrorismo" o "delitos especialmente graves" cumplan de manera "íntegra y efectiva" el límite máximo de sus condenas. Esta medida chocaría además con la actitud que se mantiene con otros presos acusados de delitos graves, sobre todo si son de "los suyos". Por ejemplo, el ex-general Enrique Rodríguez Galindo condenado en mayo del 2000 a 75 años de cárcel por el Tribunal Supremo español como autor de los secuestros y muertes de los refugiados políticos vascos Joxean Lasa y Joxi Zabala disfrutó de un permiso de dos días para pasar las fiestas navideñas con su familia tras el que regresó a la prisión militar de Alcalá de Henares.

En cuanto a la segunda medida propuesta, Aznar pretende subir de 30 a 40 años el cumplimiento máximo de pena. Esto quiere decir que si antes se cumplía hasta un total de 30 años en las condenas superiores a este límite, ahora, el umbral de cumplimiento sería trasladado hasta los 40 años. "En consecuencia los terroristas cumplirán 40 años de condena, y quiero decir que van a cumplir 40", remarcó Aznar. El representante de UPN, vinculado al PP, Jaime Ignacio del Burgo, explicó que el respaldo a esta iniciativa se debe a que comparte el objetivo de que los prisioneros vascos "se pudran en la cárcel".

Esta medida ha sido ampliamente cuestionada por organizaciones no gubernamentales y grupos políticos, principalmente porque la situación creada no tendría parangón en la legislación y práctica de aplicación en ningún otro estado de la Unión Europea. En el Estado español no existe la cadena perpetua, pero incluso en países en los que existe, esta nunca se aplicaría por más de 20 años, ni tan siquiera en casos de "especial gravedad". Además, en la mayoría de los modelos penales europeos, la ley obligaría a que transcurridos 15 años se produjese una revisión de la pena en términos objetivos (existencia o no de diligencias sancionadoras contra el preso, estudios o actividades realizadas en la cárcel, índices de conducta...). En el Estado español el criterio aplicable sería de carácter subjetivo y político, valorándose la actitud del preso hacia la situación política, hacia determinados métodos de lucha e imponiéndose como requisito de acceso a la libertad condicional la colaboración con el aparato represor denunciando compañeros. En cualquier caso, nadie determina los límites que tendría esta exigencia, obligando al preso a actuar como un delator. El planteamiento es una muestra más de la actitud miserable del gobierno para con los prisioneros políticos.

Habría que recordar que hoy en día hay presas y presos vascos que ya han cumplido (y lo están todavía haciendo) períodos superiores a los establecidos en las legislaciones europeas como cadenas perpetuas, con cumplimientos de 21 y 22 años de prisión. El interés político se impone a la hora de conceder la libertad condicional a las presas y presos políticos vascos que cumplen todos los requisitos legales para que les sea aplicada. Para terminar, los presos con enfermedades incurables también sufren la negación del derecho al acceso a la libertad condicional, manteniéndose hacinados en prisión sin el tratamiento médico adecuado.

El plazo concedido al PP por parte del PNV expira y todos los mecanismos represivos que ha puesto en marcha hasta ahora no han sido suficientes. Han fracasado en su estrategia -como lo hicieron antes otros gobiernos- de resolver con represión un conflicto de profundas raíces políticas. Tal y como ha quedado en evidencia con otras actuaciones, como es su posición a la guerra de Irak o su talante ante la catástrofe ecológica del Prestige, el Gobierno Aznar continúa con su locura. Con estas medidas de represión y vulneración de los derechos humanos no consigue sino retrasar e imposibilitar una solución definitiva en términos políticos para un conflicto que se alarga ya demasiado tiempo.