SENZA CENSURA n.6
Italy, october 2001
2002 - ESPAÑA PRESIDIRÁ LA UNION EUROPEA: SE FORTALECE EL ESTADO POLICIAL.
"La seguridad es uno de los pilares sobre los que girará la presidencia española
de la U.E. del año que viene. En ese momento, el Gobierno español buscará la
potenciación de la Europol -la policía europea- y de las relaciones de la U.E.
con la Interpol".- julio/01.- Ana María Pastor Julián, Subsecretaria del
Ministerio del Interior.
España presidirá la Unión Europea en el primer semestre del año 2002, habiendo
reconocido que el mandato va a estar dedicado, más que a temas sociales o
económicos, a la potenciación del protagonismo policial en el Continente sobre
el establecimiento de tres acuerdos:
1) La definición común del delito de terrorismo para todos los países de la
Unión, y las penas aplicables a este delito.
2) El reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales, estableciéndose las
bases del espacio judicial europeo.
3) La aprobación de la orden de búsqueda y captura, la euro-orden, haciendo
desaparecer los procesos de extradición.
Con la manida excusa del terrorismo, la Unión Europea pretende, primeramente,
criminalizar todo tipo de disidencia política que se oponga, aún pacíficamente,
al pensamiento único y al proceso de globalización y cuyo vertiginoso
crecimiento ha cogido por sorpresa a nuestros mandatarios con las protestas de
Praga, Davor, Barcelona o Génova, basándose en la experiencia española con
colectivos disidentes (ejemplo: el movimiento de okupación) para, con la
aplicación de una normativa que se va a crear al efecto bajo la presidencia
española (amplia y ambigua definición de terrorismo en la que se incluye todo
tipo de disidencia; la anulación de las actuales garantías en los procesos de
extradición; la euro-orden de busca y captura y el reconocimiento mutuo de las
resoluciones judiciales), exterminar la disidencia antiglobalizadora.
El Convenio de Europol fue firmado bajo la anterior presidencia española (segundo
semestre de 1995), y la potenciación de la europolicía, e incluso la creación de
una policía antidisturbios europea, pretende crearse bajo la nueva presidencia
española de la Unión en el primer semestre del 2002.
Calentando motores, la Eurocámara pide en su primera reunión de septiembre del
presente año "que la Unión Europea se dote con urgencia de instrumentos
policiales y judiciales suficientes para hacer frente al fenómeno terrorista de
forma coordinada entre los Estados miembros".
Pero no nos engañemos, el "fenómeno terrorista" que según la U.E. azota Europa
en los últimos años, no es el que se practica con armas (no existe ningún tipo
de organización armada que actúe a nivel europeo; y de forma local solo ETA
tiene una actividad continuada que afecta a un solo país de la Unión), sino más
bien los llamados grupos que la propia Europolicía define como "radicales" o "anarquistas"
y que podrían definirse como antiglobalización; grupos que han adquirido un
fuerte protagonismo en todos los foros convocados por el G-8 (Génova), el F.M.I.
(Barcelona). o en las cumbres de la Unión Europea (Gotemburgo).
De hecho, la última reunión del Consejo de Ministros de Justicia e Interior de
los países de la Unión, celebrada en Bruselas el día 13 de julio de 2001, y
dedicada en exclusiva a temas de seguridad, se tomaron cinco acuerdos para
salvaguardar la seguridad de las reuniones del Consejo europeo "y de otros
eventos que puedan tener un impacto comparable" (léase reuniones de G.-8, F.M.I.
y B.M. o similares). En la citada reunión se mostró preocupación por la
seguridad de dichos eventos, pero no por la posibilidad de que se lleven a cabo
ataques terroristas, sino ante quienes, según el Consejo, "llevan a cabo actos
de violencia coincidiendo con las manifestaciones públicas" (la citada reunión
se celebró tras la reunión en la cumbre celebrada por la U.E. en Gotemburgo,
ciudad en la que se llevaron a cabo las manifestaciones más numerosas desde la
guerra de Vietnam, y en la que la policía sueca hizo uso de armas de fuego para
reprimir a los manifestantes).
En la citada reunión se acordaron, entre otras medidas, la "posibilidad de
aumentar las competencias de Europol en la elaboración de un análisis común de
los disturbios" (la europolicía continúa asumiendo competencias, protagonizando
la lucha contra la disidencia, mientras sigue permaneciendo en una cuasi
clandestinidad); "reforzar y fomentar un intercambio rápido y estructurado de
datos relativos a alborotadores violentos sobre la base de ficheros nacionales"
(la ilusión de crear el fichero de antiglobalizadores europeos al estilo de los
listados de judíos que manejaban las SS hitlerianas.); "medidas de expulsión de
manifestantes", así como "impedir que las personas reputadas como autoras de
disturbios el orden entren en el país anfitrión del acontecimiento de que se
trate" (olvidándose así de la proclamada a los cuatro vientos Europa sin
fronteras); la "Cooperación judicial" (desequilibrando la separación de poderes,
imponiendo al poder judicial estar al servicio del ejecutivo de turno); el
"intercambio de información sobre las prácticas más idóneas para mantener
diálogos constructivos con organizadores de manifestaciones. (antigua táctica de
los servicios secretos estadounidenses de marear a los moderados para aniquilar
a los indestructibles). Medidas que, intentarán ser llevadas a cabo durante la
presidencia española.
No es casualidad que sea durante la presidencia española el momento elegido para
potenciar el protagonismo policial y la criminalización de la disidencia. Pese a
su retraso en cuestiones sociales, España tiene amplios conocimientos en el
campo policial. No solo tiene recientes experiencias en la organización de
grupos parapoliciales, sino que es el Estado con la legislación antiterrorista
más moderna, ambigua y dura de toda la Unión. En la actualidad ocho países de la
U.E. (Austria, Bélgica, Dinamarca, Finalndia, Grecia, Luxemburgo, Holanda y
Suecia) carecen de una legislación antiterrorista específica, mientras que
Alemania e Italia no definen expresamente el concepto de terrorismo y lo
vinculan a otras formas de crimen organizado. Por esta razón se realizó en
Madrid, en febrero de 2000 la I cumbre antiterrorista de Europol, cumbre en la
que se suscribió el ya famoso "documento Madrid" en el que se decidió que
Europol sería competente para perseguir "anarquistas y radicales".
Durante la presidencia europea, entre enero y julio de 2002, se celebrarán más
de 70 reuniones internacionales, entre seminarios, foros regionales, consejos
informales, cumbres trasatlánticas y consejos europeos en los cuatro puntos de
la geografía española. Pero cinco de ellas concentran las preocupaciones del
Gobierno español porque su relevancia es adecuada para atraer al movimiento
antiglobalización: Barcelona en marzo, Oviedo y Valencia en abril, Madrid en
mayo y Sevilla en junio.
Se administra un presupuesto de 8.000 millones de pesetas para financiar
alquileres de sedes y obras de acondicionamiento, desplazamientos,
comunicaciones, manutención y alojamiento de los participantes. Pero el
presupuesto de seguridad, que se prevé sustancioso, va aparte. Será financiado
directamente por el Ministerio del Interior que requerirá fondos adicionales
para el próximo año.
En este semestre Europol seguirá asumiendo competencias en el control de la
disidencia política. Mientras en la calle se ven puntualmente policías
militarizados que se enfrentan con los manifestantes, el verdadero control de
los ciudadanos lo realiza Europol en la sombra.
España, en su mandato, quiere impulsar en Europa el denominado, eufemísticamente,
"espacio de seguridad común", para lo cual intentará demostrar al resto de los
países miembros de la U.E. que puede tener controlada la disidencia política en
general, y a los movimientos antiglobalización en particular, y lo intentará
hacer al estilo de siempre: ante problemas sociales, soluciones policiales.
Endika Zulueta
Abogado.-
endika@nodo50.org